A propósito de la Prisión Preventiva

Julio Espinoza Goyena
Abogado del ex Presidente Ollanta Humala Tasso

Este lunes se realizará la audiencia pública en la que expondremos las razones por las que consideramos que la medida de prisión preventiva dictada contra el ex Presidente Humala y su esposa debiera ser revocada, y en su lugar, ordenarse medidas de comparecencia alternativas. Evitaré entonces profundizar en mayores detalles jurídicos. Creo más bien que el momento es oportuno para compartir algunas reflexiones acerca del rol que nos toca cumplir a todos los que directa e indirectamente participamos de este inédito suceso judicial.

La fiscalía tiene la misión de investigar y realizar la persecución penal pero la Constitución le demanda objetividad en su labor, ello quiere decir que debe sustentar sus peticiones en consideraciones puramente jurídicas y en el resultado integral de la investigación. Es por esa razón que no sólo debe valorar los elementos de convicción que pudieran servir para incriminar sino también los que explican la falta de responsabilidad penal e inclusive los que no permiten verificar su hipótesis acusatoria inicial. Esta exigencia se acrecienta aún más cuando se trata de una pretensión que incide en la libertad de una persona que tiene la condición de procesado y respecto de la cual prima la presunción de inocencia.

Los abogados defensores, que estamos al otro lado de la contienda, asumimos una posición que la sustentamos con razones jurídicas y, aún en circunstancias tan adversas como  la prisión preventiva, decidimos desde un principio que el único camino a seguir es afrontar y cumplir las decisiones judiciales, antes que evadirlas. Un proceso penal no es un juego de naipes librado al azar o a la astucia, es más bien un escenario en el que confluyen dos pretensiones que deben ser resueltas con las reglas propias de un debido proceso. Por ello, si priman la razón y el derecho, una decisión desproporcionada, como la que hemos apelado, debería ser corregida. Para eso existe el derecho a la segunda instancia que hoy es una garantía casi universal de la que puede hacer uso cualquier ciudadano cuando considera que una decisión es injusta o incorrecta.

Los jueces, que se ubican en el justo medio, están llamados a explicar con razonamientos consistentes sus decisiones, pero siendo humanos no son infalibles. La historia de la prisión preventiva en nuestro país así como en el extranjero ha estado marcada por  muchos errores judiciales que ninguna indemnización puede reparar. No es mejor juez el que más prisiones preventivas tiene en su haber sino el que resuelve estas peticiones con el mayor grado de acierto e independencia posible, independencia que también debe garantizarse al interior del Poder Judicial, pues, la inmediata intervención del órgano de control interno alentada por la presión mediática, cada vez que un juez penal ordena la libertad de una persona o anula una orden de prisión preventiva,  termina mellando su propia autoridad.

Los juristas y los denominados “opinologos”, que presencian con atención una confrontación judicial, tienen el derecho constitucional a opinar pero también el deber de procurar una labor docente de alta responsabilidad. Si su opinión se genera en una apreciación académica o técnica contribuirá a la formación de la conciencia ciudadana. Si más bien obedece a consideraciones políticas o ideológicas, serán entendidas de ese modo.

Finalmente, la opinión pública debe comprender que en un Estado democrático de derecho, los jueces no deciden evaluando el resultado de las encuestas, el clamor de las masas, o el “aplausometro” de la calle, sino resolviendo con acierto lo discutido en una audiencia y motivando rigurosamente sus decisiones. Ese es el gran reto.

Fuente: El Comercio