Comunicado Partido Nacionalista Peruano

El Partido Nacionalista Peruano, inscrito legalmente el 5 de enero del 2006 ante el Jurado Nacional de Elecciones, inició su vida institucional como organización política reconocida bajo las banderas de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales. Desde entonces ha buscado por encima de todo fortalecer la integración nacional y contribuir a la construcción pluricultural de una nación con inclusión y crecimiento. Apenas 10 años después de nuestra inscripción, recibimos el encargo popular, en elecciones democráticas y limpias, de formar un gobierno que fortaleciera las bases para la transformación del país.

Los logros en política social y educativa, reconocidos a nivel internacional, y tomados como referencia en varios países de la región, nos llenan de satisfacción. Es un hecho comprobado que durante el quinquenio 2011-2016 se avanzó considerablemente en la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Esto, gracias a que el gobierno llegó hasta el último rincón del país, llevando infraestructura, carreteras, puentes y conectividad; acercando al estado con servicios básicos, proyectos de agua, saneamiento, electrificación rural y otros.

Asimismo, el manejo responsable de la economía permitió que, en medio de una crítica coyuntura mundial de desaceleración, el Perú fuera el único país de la región en mantener el crecimiento. Esto hizo posible, entre otras cosas, lograr incrementos históricos en el presupuesto nacional para sectores tan vitales como la educación. Lo que nos permitió mejorar considerablemente los niveles de aprendizaje en nuestros niños y adolescentes y, sobre todo, darles una oportunidad.

Respetuosos de la institucionalidad, y terminado el periodo de gobierno para el que fuimos elegidos, entregamos intactos al pueblo soberano, los valores democráticos de la libertad, la libre expresión y el respeto a la independencia de los poderes del Estado.

A pesar de lo anterior, hoy recibimos acusaciones infundadas en el marco de las investigaciones que se siguen a la empresa Odebrecht. Basándose en supuestos aportes recibidos durante la campaña electoral y sin sustento jurídico alguno se ha calificado al Partido Nacionalista Peruano como una organización criminal de alcance internacional.

Tales acusaciones resultan temerarias e infundadas y suponen un retroceso democrático de peligrosas consecuencias, por cuanto dañan gravemente a una organización política que ha cumplido escrupulosamente con todos y cada uno de los requisitos legales para su reconocimiento y que, desde su formación, ha sido y es supervisada, al igual que otras organizaciones políticas legales en el país. Por ello, rechazamos tajantemente la imputación vertida contra nuestro partido por ser falsa e ir en contra de las leyes vinculadas a los partidos políticos y de la propia Constitución Política del Perú.

Nuestra convicción es que existen sectores interesados en aprovechar el repudio hacia la corrupción, que obviamente compartimos con firmeza y sin ambigüedad, para lanzar cargos falsos que pretenden mancillar nuestro partido y la honorabilidad de nuestra familia. ¿Qué hay detrás de esta sucia campaña de desprestigio? Sin duda, sectores que no creen en el libre juego democrático y pretenden manipular la justicia en beneficio de oscuros intereses ¿Se pretende acaso impedir la participación política de amplios sectores del pueblo peruano?
La judicialización de la política, se hace evidente cuando asistimos a un escenario de inequidad en las investigaciones a otras organizaciones políticas. Esta inusual y preocupante situación que vivimos, supone no solo una amenaza a un partido político sino a la propia democracia.

Es por ello que queremos denunciar ante el pueblo peruano y ante la comunidad internacional, la grave amenaza que tales hechos suponen para la institucionalidad republicana en el Perú, al tiempo que hacemos pública nuestra firme intención de luchar, por todos los medios legales a nuestro alcance, para ejercer nuestra defensa y para que prevalezca la verdad. La credibilidad de las instituciones que administran la justicia en el país, no puede verse afectada por percepciones de favoritismo o presiones político-mediáticas.

Ollanta Humala Tasso
Nadine Heredia Alarcón