Nadine Heredia: Precisiones enviadas al diario El Comercio, para evitar la mala información.

Lima, 27 de marzo del 2017

Señor
Francisco Miró Quesada Cantuarias
Director General de “El Comercio”
Jr. Antonio Miroquesada Nº 300
Cercado de Lima.-

De mi consideración:

Me dirijo a usted con relación al editorial titulado “Normas de Conducta”, publicado en el diario de su dirección, edición del 24 de marzo último, cuyo texto contiene muchas inexactitudes, que no solo desinforman abiertamente, sino que afectan mi honor.

1.- Como declaré oportunamente a la fiscalía, el Partido Nacionalista Peruano, no recibió aportes de campaña de origen ilícito de empresas venezolanas o brasileñas, y no es verdad que a mi cuenta personal haya ingresado US$ 215 mil dólares de donantes no identificados. Todos los aportes recibidos para las campañas 2006 y 2011 fueron declarados ante la ONPE.

2.- Calificar mi conducta como poco colaborativa y obstructionista en la investigación que menciona, es arbitraria y poco informada. He concurrido a declarar todas las veces que fui citada por el fiscal y por el juez, cumplo rigurosamente todas las reglas de conducta, he brindado toda la información que me solicitaron, no interpuse ningún recurso dilatorio y cuando el juez de la causa me ordenó retornar al país en el término de diez días, lo hice al sexto, pese a la arbitrariedad de dicha decisión que posteriormente fue dejada sin efecto por la Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial. Igual disposición vengo observando en la docena de investigaciones de carácter penal -algunas de las más inverosímiles- que he venido afrontando hasta hoy.

3.- Respecto a las “agendas”, es público que esos documentos fueron sustraídos ilegalmente de mi domicilio, manipulado por numerosas personas, llevados al extranjero, retornados al país, ofertados y fotocopiados en múltiples ocasiones y expuestos en los medios de comunicación. Cuando finalmente fueron entregados a la fiscalía, luego de más de 8 meses bajo el control absoluto de particulares, pude verlos físicamente, y por ello, los reconocí ante el fiscal, como consta en la diligencia correspondiente. Así las cosas, no existen caminos sinuosos, sino la mayor colaboración, como ocurrió con el famoso peritaje, que se realizó después de que yo reconocí los documentos en la fiscalía y no antes como erróneamente lo sugieren.

4.- Otro aspecto de su información, está referido al intento de adulterar mi caligrafía. Dan por cierto un hecho que nunca ocurrió. El perito, que en evidente exceso de función, lo sugirió sin evidencia alguna, ahora enfrenta un proceso penal por esa causa.

5.- De otro lado, presumir secretismo en mi postulación a la FAO es una arbitrariedad. Se trató de un asunto personal de carácter laboral, que no está sujeta a publicidad alguna, pues no hay norma que así lo disponga. En nuestro país, no existe la obligatoriedad de hacer pública la postulación a un trabajo en el ámbito nacional e internacional, por tanto, ese proceso no puede ser calificado de secretísimo.

6.- Mi viaje al exterior del país no ha sido controversial como usted lo califica. Antes de viajar, personalmente informé al fiscal y al juez de su propósito y enseguida lo formalicé a través de un escrito, acompañando la documentación correspondiente. Además, la Sala Penal de Apelaciones Nacional, a través de la Resolución No. 9 del 10 de enero de 2017 (Expediente 249-2015-13), resolvió que mi salida del país no implicó una violación de la regla de conducta, porque para viajar fuera del país no requería autorización previa del juzgado.

7.- La decisión de presentar una “tutela de derechos” por el uso de documentos ilegalmente sustraídos de mi domicilio, no es una forma de evitar explicaciones sobre su contenido, sino el ejercicio de un derecho por clara violación a un derecho fundamental. Es muy grave que en un Estado Constitucional de Derecho se introduzcan elementos probatorios con clara afectación al debido proceso. Por ello, no se trata de evadir la investigación, sino de respetar -garantía para todas las personas sin excepción- lo previsto en el artículo 2.10 de la Constitución Política del Perú, que dice: “Toda persona tiene derecho al secreto e inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados… Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tiene efecto legal…”.

8.- Respecto de la confesión de Jorge Barata, se trata de una afirmación que debe ser corroborada con prueba idónea en la investigación fiscal. En lo que a mí respecta, niego haber recibido ese dinero, como lo han hecho también otras personas aludidas en su declaración. Los directivos de una importante constructora de nuestro país han negado también otra imputación de Jorge Barata.

9.- Finalmente, importante precisar que la única razón por la cual cuestionamos el cambio de la regla de conducta por una más gravosa, es porque la resolución de juez carece de fundamentación razonable, tal como lo dispone el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución. Un cambio de la regla de conducta solo se puede justificar cuando existan nuevas circunstancias o motivos que tenga la entidad suficiente para sustentarlo, que en este caso no existen.

El ejercicio del derecho a la libre expresión debe ser ejercido sin afectar la autonomía que por mandato constitucional tiene tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público.

En consecuencia, siendo evidente que su Editorial contiene afirmaciones inexactas, de conformidad con el inciso 7 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, solicito la pronta rectificación y la publicación total de la presente carta en espacio suficiente en el medio de comunicación que usted dirige.

Atentamente,

Nadine Heredia Alarcón.