Propuesta Nacionalista

“AFIRMAR LA NACIÓN, TRANSFORMAR EL ESTADO”

Introducción

El Perú vive hoy un espejismo de progreso. Hemos tenido en los últimos años un crecimiento económico formidable, incluso para estándares mundiales, pero ello no se ha reflejado, sino muy limitadamente, en el bienestar de la población.

El problema es el modelo de desarrollo primario exportador y la democracia precaria que vivimos. El modelo neoliberal privilegia la exportación de minerales, dependiente del mercado mundial de las materias primas, y el negocio rápido en las finanzas y otros servicios, pero olvida el sector productivo industrial y la agricultura para la alimentación de nuestro pueblo. De esta manera, el modelo genera ganancias muy importantes en el corto plazo para un puñado de grandes empresas, principalmente extranjeras, pero pocos empleos con derechos y escasos ingresos en los bolsillos del pueblo. Así, se agudizan las desigualdades existentes y la heterogeneidad regional, frustrando las posibilidades de desarrollo para los peruanos.

A las dificultades del modelo se suma la precariedad democrática actual. Continuamos viviendo bajo la constitución delincuencial de la familia Fujimori, impuesta bajo las reglas que trajo un golpe de Estado. A esta situación se agrega la actitud represiva de los diferentes gobiernos contra las movilizaciones de protesta de la población, que los ha llevado a criminalizar la movilización social y presentar como culpables de los problemas a aquellos que reclaman por las consecuencias depredadoras del modelo neoliberal.

Asimismo, a la nación se la humilla firmando tratados de libre comercio que obligan a entregar nuestra soberanía a cambio de ventajas inciertas. La humillación continúa con los contratos oprobiosos que entregan nuestra soberanía energética a grandes oligopolios que solo están interesados en llevarse los recursos del país sin importarles el desarrollo del Perú y los peruanos. Esta humillación se expresa en el Estado neoliberal, capturado por los ricos y usado hoy como mesa de partes para sus negocios.

Por todo esto, el espejismo actual no tiene futuro. En el mediano y largo plazo, las importantes ganancias de hoy se convertirán en pérdidas, lo ocurrido con el impacto de la crisis mundial entre el 2008 y el 2009, es un avance de lo que sucederá en pocos años. El dilema, por ello, no es entre un presente promisorio y algún pasado populista, sino entre la gran transformación, que plantea el nacionalismo y la involución social y desarticulación estatal en ciernes.

Para que este país sea viable, la economía debe ir de la mano con una república de ciudadanos donde se encuentren los pueblos del Perú con el Estado democrático, en la que mujeres y hombre participen y se sientan representados porque se les reconocen sus derechos y a la vez ejercen sus deberes como sujetos de su propio futuro; donde la nación no sea más el taparrabo de unos cuantos vivos, sino la comunidad de carácter y de destino que todos anhelamos.

I) RENOVACIÓN POLÍTICA DEMOCRÁTICA

Significa una profunda renovación de la política que exprese una sociedad plural, multicultural y pluriétnica como base para construir un país más justo. Para ello hay necesidad de culminar la formación de la nación y transformar el Estado, de manera tal que los peruanos tomemos el destino en nuestras manos.

La herramienta para esta renovación es una Nueva Constitución:

Que considere los derechos sociales y culturales como derechos fundamentales
Que diseñe una verdadera democracia representativa y participativa
Que plantee un régimen económico plural que recupere la autoridad pública y tenga como objetivo la justicia social
Que siente las bases para una descentralización viable

De esta forma daremos paso a una Nueva República, como espacio de encuentro entre la sociedad y la política, que se exprese en un Estado democrático, social, laico, descentralizado y pluricultural.

Esta Nueva República se construirá como una comunidad de mujeres y hombres libres herederos de una tradición andino, amazónica y occidental para proyectarnos a un destino común en este territorio peruano y en la región latinoamericana. La Nueva República será la superación de la herencia colonial y recogerá los mejores esfuerzos democráticos a lo largo de nuestra historia por construir un país justo al servicio de todos.

El objetivo de la Nueva Constitución es un contrato social con hegemonía progresista que debe apuntar a plasmar el anhelo de justicia, bienestar de las mayorías y desarrollo nacional negado a lo largo de nuestra historia republicana. Este contrato afirmará una nueva relación entre el pueblo soberano y el Estado que permitirá un mercado competitivo y una sociedad participante.

Para lograr este cambio constitucional es indispensable un gobierno de amplia mayoría nacional, que declare por la vía del Congreso la nulidad del texto de 1993, la vigencia de la Constitución de 1979 y proceda, tomando en cuenta nuestra tradición democrática, a elaborar una Nueva Constitución, que en última instancia deberá ser aprobada por referéndum.

II) LA ECONOMÍA NACIONAL DE MERCADO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO (ENAM)

La Economía Nacional de Mercado tiene como objetivo centrar el desarrollo en la expansión de los mercados internos que ya existen y en la creación de otros nuevos, para integrarnos como país y articularnos competitivamente al mundo. Es una estrategia de desarrollo alternativa al modelo neoliberal porque a diferencia de este, el origen del circuito de generación de demanda e ingresos se sitúa en el interior del país y no en los mercados externos.

En una Economía Nacional de Mercado el Estado privilegia el interés de la nación por encima del interés de los grupos de poder económico nacional y transnacional. El capital extranjero debe operar bajo condiciones que contribuyan al desarrollo sin depredar el medio ambiente, transfiriendo tecnología, generando oportunidades de empleo y desarrollando las zonas circundantes a la explotación de recursos naturales.

La Economía Nacional de Mercado es una estrategia que busca mejorar las condiciones de vida de la población. Por lo tanto incorpora una política agraria de soberanía y seguridad alimentaria que asegure la adecuada nutrición de los peruanos, y una política de industrialización basada fundamentalmente en la agricultura. Entonces los esfuerzos de investigación y desarrollo tienen que estar centrados en el campo agrícola y obviamente en la agroindustria. La producción agrícola, la producción agroindustrial, debe orientarse al mercado interno pero sin dejar de exportar. La economía nacional de mercado es también abierta al mundo.

a) Desarrollo de capacidades empresariales locales

Hay que superar las restricciones que enfrenta la inversión privada local para dar paso a la creación de capacidades empresariales a lo largo y ancho del país. La inversión nacional enfrenta restricciones de mercado, de financiamiento y de capital humano y tecnologías. Estas restricciones se eliminan con inversión en infraestructura económica y social, con el desarrollo del mercado de capitales en soles para que las empresas pequeñas y medianas puedan emitir deuda y captar recursos para financiar sus inversiones, y con una revolución educativa integral y con políticas de desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.

b) La conexión del corto con el largo plazo: la estabilidad macroeconómica

La estabilidad macroeconómica es fundamental para desarrollar una Economía Nacional de Mercado. Las políticas monetaria y fiscal tendrán un carácter contra cíclico y su eficiencia será mejorada con el desarrollo del mercado de capitales en moneda local. Habrá una reforma tributaria integral. Se gravará al que más tiene y se aplicará un impuesto a las sobreganancias mineras. El tipo de cambio será estable y competitivo, y será acompañado con controles al capital especulativo y con acumulación de reservas internacionales por parte de la autoridad monetaria.

c) Los actores sociales y el Estado

El desarrollo de la capacidad empresarial supone superar las restricciones que enfrenta la inversión privada local como parte de un esfuerzo de vincular la economía con la demografía y geografía del país. Por lo tanto, los actores principales no pueden ser otros que las micro, pequeñas y medianas empresas y los trabajadores del campo y la ciudad que constituyen la base fundamental de esta estrategia de desarrollo.

III) ERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN

La corrupción es un grave mal que impide el desarrollo de la nación. El lobbismo, la coima, el robo, el pillaje, el saqueo de los recursos públicos, la estafa, el engaño, las promesas incumplidas y falsas, se han generalizado y azotan al país. No se trata solo ni principalmente de conductas de las personas al cometer faltas y delitos. La corrupción se ha generalizado por la falta de identidad con el Perú y su destino. Usa como propios y con medios irregulares, los bienes ajenos, comunes y públicos. Infecta la economía, la política, la vida social y cultural. La corrupción corroe las instituciones. Con el fujimorismo se ha convertido en una forma de gobierno y un Estado mafioso. El continuismo neoliberal, que defiende y promueve los privilegios del poder, pretende imponer un régimen que expropia la soberanía y los derechos ciudadanos al pueblo, para saquear el territorio patrio y acabar con la vigencia de la nación.

El compromiso nacionalista para erradicar la corrupción nos permitirá concretar la promesa de la vida peruana, de un porvenir con libertad y bienestar, en el que impere la máxima andina de no robar, no mentir y no ser holgazán.

El compromiso nacionalista propone:

La lucha contra la corrupción será preventiva y la ley será aplicada con rigor para sancionar actos de corrupción.
La cultura de la lucha contra la corrupción será fundamentalmente formativa y encargada al Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Justicia, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.
Sancionar la impunidad, poniendo especial empeño en la lucha contra las mafias y los carteles del narcotráfico
Acabar con la supeditación del Estado y sus recursos a poderes económicos corruptos, implantando auditoría de las irregularidades en los contratos de inversión, en las amnistías y exoneraciones tributarias y en los contratos de adquisiciones y de obras públicas
Establecer la imprescriptibilidad de los delitos en agravio del Estado con inhabilitación a perpetuidad, contra sus autores o cómplices, para el ejercicio futuro de cualquier función publica
Regular o eliminar los beneficios penitenciarios a lo que cometan ilícitos de corrupción de funcionarios
Nueva legislación para garantizar la transparencia en la compra y ventas del Estado, en los gobiernos nacional, regional y municipal.
Acción conjunta de la comunidad internacional contra la red financiera de la corrupción.

IV) RECUPERAR SOBERANÍA SOBRE LOS RECURSOS Y ACTIVOS DE LA NACIÓN

Las políticas neoliberales han permitido a las empresas extranjeras usufructuar de la explotación de nuestros recursos naturales e infraestructuras, apropiándose de ellos, dedicándose a la exportación de la materia prima, con escasos beneficios para el país, debido a contratos lesivos a los intereses y a la soberanía nacional, permitidos por la Constitución del año 1993 y continuados por los gobiernos de Toledo y García.

Las decisiones para priorizar los proyectos de infraestructura en el país deberán corresponder a los intereses generales de las mayorías frente a los intereses particulares que, en muchos casos, han prevalecido.

El compromiso nacionalista propone:

La nacionalización de las actividades estratégicas, lo que significa poner al servicio del país, aquellas actividades indispensables que tienen que ver directamente con el desarrollo y la defensa de la nación, mediante políticas públicas concertadas, y no necesariamente con estatizaciones ni con sometimiento a los intereses de las grandes empresas transnacionales.
Que la energía, los hidrocarburos, el gas, la electricidad; los servicios esenciales, el agua y saneamiento, el transporte público y las telecomunicaciones, el espacio aerocomercial y los puertos públicos, sean actividades estratégicas puestas al servicio del desarrollo de la nación y de los peruanos.
Cambiar el modelo depredador del medio ambiente, para que las infraestructuras sean herramientas de una nueva relación amigable Sociedad/Naturaleza, en el proceso de adaptación humana al cambio climático y la mitigación de los elementos contaminantes.
En relación al Gas de Camisea como recurso de nuestra reserva estratégica nacional, se revisará y se renegociarán los términos de los contratos de licencia del lote 88 así como los del transporte y distribución del gas a nivel nacional, y se anulará el ilegal contrato del lote 56, restringiéndose la exportación del Gas mientras no se satisfaga las necesidades de la demanda nacional proyectada a un horizonte permanente de 20 años. Al mismo tiempo se promoverá mayor exploración fuera de las áreas protegidas y se implementará el plan nacional de gasificación para su masificación de uso residencial, vehicular, industrial. Nuestro compromiso es repotenciar el rol de la empresa estatal PETROPERU para que su actividad empresarial agregue valor a la explotación y comercialización de los hidrocarburos.
Que el régimen empresarial de las actividades estratégicas nacionalizadas será pluralista. Coexistirán en cada caso, las empresas privadas, públicas, mixtas y con contratos de operación.
Afianzar y modernizar las empresas estratégicas estatales. No deben transferir obligadamente sus utilidades sino que deben reinvertirlas para el desarrollo de sus actividades.
Revisar y corregir las ilegalidades en los procesos de concesiones de infraestructuras y recursos naturales a fin de impulsar la infraestructura estratégica con modalidades que garanticen el aporte adecuado del Estado y la participación necesaria, proporcional y sostenible del capital privado nacional e internacional.

V) DESCENTRALIZACIÓN CON PARTICIPACIÓN

Es necesario superar el Estado centralista, construido por la Republica Oligárquica y su continuación neoliberal. El Estado centralista hace más grandes las desigualdades y las brechas territoriales, permitiendo el crecimiento de sectores privilegiados, pero empobreciendo a la población y generalizando enclaves para las principales actividades de explotación de los recursos naturales.

Esta en curso un poderoso proceso social de descentralización con participación, que se asienta en los nuevos territorios dinámicos, transversales, que reclaman un Estado Unitario Descentralizado un nuevo pacto fiscal, y un mapa de distribución de competencias y autonomías entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipales, las comunidades nativas y campesinas, y la sociedad civil.

El compromiso nacionalista plantea:

Afirmar Espacios macroregionales de desarrollo. El Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las ciudades intermedias, tendrán competencias compartidas, para articular grandes espacios macroregionales de desarrollo territorial, de acuerdo al nuevo Plan Nacional de Regionalización.
Gobiernos Regionales. Se incentivará la formación de regiones más amplias y transversales, a partir de las propuestas que formulen las propias regiones y que sean aprobadas por el Congreso de la República, de acuerdo a lo que se establezca en un Plan Nacional de Regionalización.
Gobiernos Municipales, Provinciales y Distritales. Se afirmará su rol de gobierno local, de representación de la ciudadanía, con modernos sistema de gestión, ampliación de las modalidades de participación ciudadana y responsabilidad en las competencias compartidas del desarrollo económico local.
Ciudades activas, educadoras, sanas, saludables y seguras. Se recuperará el rol de las ciudades como sujetos activos de la descentralización, en un sistema nacional urbano-regional, que organice una relación territorial adecuada.
Comunidades Campesinas y Nativas, en territorios indígenas y áreas comunales. Se reconocerá y promoverá las atribuciones de administración de gobierno local en los asuntos de su competencia y en coordinación con los niveles subnacionales de gobierno.
Juntas de Coordinación y Desarrollo, Asociaciones Vecinales y otras organizaciones de la sociedad civil. En una nueva relación del Estado con la sociedad civil, se afianzarán las distintas formas de participación ciudadana en los servicios públicos (salud, educación, seguridad, alimentación,) y en los asuntos regionales y locales.
Nuevo Pacto Fiscal. Definir un nuevo pacto fiscal entre el Gobierno Central y los niveles de gobiernos regionales y municipales, tomando como base al conjunto de propuestas de descentralización fiscal avanzadas por la Asamblea de Presidentes de Gobiernos Regionales. Esta autonomía debe apuntar a terminar con la dictadura del Ministerio de Economía y Finanzas que obliga a los gobiernos locales y regionales a mendigar mensualmente por el dinero disponible.
Territorios Indígenas. Reconocimiento efectivo de los derechos de representación, territorio y gobierno local-comunal de los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la IOIT

VI) EDUCACION Y SALUD PARA TODOS

Asumimos la importancia central de los derechos sociales como un componente fundamental de la ciudadanía dejado de lado por el neoliberalismo.

Señalamos para ello la necesidad de una política social que desarrolle servicios públicos, universales y gratuitos, que mejoren drásticamente la calidad y la cobertura de su atención. Esta política debe considerar sistemas nacionales en educación, salud y pensiones (ver punto 7); así como un conjunto de políticas para poblaciones específicas.

Las prioridades de nuestra política social, sin descuidar a ningún ciudadano de este país, serán la primera infancia, la población rural y los adultos mayores, por ser los sectores con mayor vulnerabilidad.

Este tipo de servicios y prioridades son los que podrán combatir de manera efectiva la desnutrición crónica, la pobreza y la desigualdad existentes que son el mayor flagelo de la sociedad peruana.

Educación

La situación de abandono por nuestros gobernantes en que se encuentra la educación nacional ha llegado a un punto de aguda crisis, que choca con las demandas mayoritarias de la población por una educación de calidad que desarrolle las capacidades de las personas para el trabajo y el bienestar.

Esta situación, replantea el diagnóstico tradicional y señala la necesidad no sólo de ampliar la cobertura educativa sino de dar un salto en calidad y pertinencia del servicio que se brinda, donde nos encontramos seriamente rezagados. Todo esto, en un proceso participativo, que haga de la reforma de la educación uno de los grandes esfuerzos de democratización de la sociedad.

Para ello, tomamos la visión y los objetivos del Proyecto Educativo Nacional, asumido como política oficial pero dejado de lado por este gobierno.

En este camino las líneas prioritarias de acción son:

Lograr una visión de conjunto del cambio educativo.
Conseguir aprendizajes pertinentes y de calidad articulados con los objetivos del desarrollo nacional.
Financiamiento adecuado que alcance en el curso de los próximos cinco años el mínimo del 6% del PBI.
Programa de revalorización del magisterio que incluya una carrera docente por méritos, las facilidades para una capacitación adecuada y una remuneración digna.
Reforma de la gestión de acuerdo a las necesidades de una educación de calidad, de la participación de la comunidad y la descentralización del país.
Priorizar a la primera infancia y a la educación rural que se encuentran más abandonados aun que el reste de la educación nacional.
Asumir la interculturalidad y la biodiversidad como principios orientadores de la acción educativa en democracia.

Universidades

Hay necesidad de una reforma integral que mejore la calidad de las universidades en general y en particular de la universidad nacional para lograr un nivel de producción de conocimientos en función del desarrollo del país y de la integración productiva a la globalización en curso. Esto significa poner la investigación como la actividad fundamental del sistema universitario, de manera tal que la enseñanza y la proyección social se articulen creativamente con la primera.

Para esto hay que desarrollar un sistema universitario, autónomo y democrático, que planifique su desarrollo y controle la calidad del mismo. Ello supone afirmar el carácter público de la educación universitaria, con políticas que incluyan a sus promotores estatales o privados, por ser una actividad en la que la actitud de servicio debe primar sobre al afán de lucro, exactamente lo contrario de lo que ha hecho la mercantilización neoliberal de los últimos años.

Salud

El Perú requiere un Sistema Nacional de Salud (SNS) cuya primera característica sea el aseguramiento gratuito y universal. Las personas no deben tener que pagar al momento de la atención como condición para ser atendidas. El financiamiento debe ser previo, mediante un sistema público sustentado por impuestos generales y vía contribuciones a la seguridad social.

La alternativa es articular e integrar un Sistema Nacional, que articule al MINSA y ESSALUD. Ya no debemos tener “hospitales MINSA” y “hospitales ESSALUD”, ni sus respectivos centros de salud, sino hospitales públicos donde se atiendan con criterios de calidad y equidad tanto a asegurados de ESSALUD como a los no asegurados.

Dadas las restricciones de financiamiento y los tiempos necesarios para adecuar progresivamente grandes burocracias a un nuevo esquema de atención, durante un período de implementación de diez años los asegurados de ESSALUD y no asegurados tendrán planes de atención diferenciados.

Finalmente, el SNS debe ser gobernado de manera democrática, incorporando los mecanismos de participación ciudadana en salud que hoy son aún incipientes.

VII) Trabajo decente, pensiones dignas y sector informal

Trabajo decente

En el Perú existe un gran déficit de trabajo decente. Luego de veinte años de aplicación del modelo neoliberal y del crecimiento extraordinario de los últimos años, 75% de la Población Económicamente Activa es informal y el 52% esta subempleada. Esto es producto de un modelo primario exportador de minerales que no favorece la industria nacional, ni la generación de empleos, ni el desarrollo de mercados internos.

Una nueva estrategia para promover trabajo decente incluye los siguientes ejes de política:

Un nuevo modelo económico que implemente una estrategia de creación de empleos y formación profesional, promoviendo sectores competitivos con alta demanda de mano de obra y donde la generación de empleos tenga bajo costo.
Una nueva ley general del trabajo, que proteja la libertad sindical, la negociación colectiva, promueva el fortalecimiento institucional de las organizaciones de trabajadores y termine con el despido arbitrario. Asimismo, la institucionalización del aumento del salario mínimo y la mejor fiscalización de la aplicación de las normas.
Un plan nacional de empleo e ingresos que empiece por fortalecer el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo e involucre diversos sectores para articular políticas de inversión privada y pública intensivas en empleo.
Consolidación del diálogo social. Fortalecimiento del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo y promoción de instancias de diálogo en las regiones y provincias.
Promoción de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Adecuar la legislación a los convenios ratificados para promover la igualdad de género.

Pensiones dignas

Hay necesidad de un sistema público, de carácter solidario y obligatorio, que sirva para brindar pensiones dignas, contributivas y no contributivas, a todos los peruanos que por vejez o discapacidad no puedan trabajar. Las fuentes de este sistema deben ser tanto los aportes de los trabajadores activos como los impuestos generales, especialmente el impuesto a la renta. De esta manera, el sistema de pensiones será un efectivo mecanismo de redistribución del ingreso y de justicia social basado en la solidaridad intergeneracional. Asimismo, de manera complementaria, podrán seguir existiendo las instituciones que ofrezcan fondos privados de pensiones a los que los ciudadanos podrán acceder de forma individual y voluntaria.

Así, el negocio de las AFP, de grandes utilidades y pésimos resultados, no será el motor del sistema de pensiones; sino el aporte de todos, especialmente de los que más ganan y tienen, para el beneficio de nuestros viejos que construyeron el mundo que hoy día gozamos.

Informalidad

Este tipo de actividad económica y laboral se ha desarrollado en el país como producto del carácter excluyente del modelo en funciones. Nuestro objetivo es integrar progresivamente a este sector a la economía formal y al empleo con derechos plenos.

El sector informal urbano es un conjunto heterogéneo de unidades productivas a las que hay que brindarles:

Acceso a la información, al crédito y a la capacitación productiva.
Simplificación administrativa y exoneraciones tributarias
Defensa frente a la explotación a la que son sometidos los sectores más vulnerables, especialmente niños y mujeres.

VIII) VIDA SEGURA

Consideramos de capital importancia dar un vuelco en el Perú en términos de seguridad interior y especialmente de seguridad ciudadana. La inseguridad, como temor al otro considerado hostil y la ocurrencia de delitos y faltas, se ha generalizado por diversas causas, entre las que son fundamentales la creciente desigualdad social, la segregación urbana, el abandono del campo y la acción de bandas dedicadas al narcotráfico y el terror. Esta política atraviesa todo nuestro programa y tiene políticas específicas en relación a la Policía Nacional y la seguridad ciudadana, al narcotráfico y al terrorismo y a la defensa nacional.

La Policía Nacional y la seguridad ciudadana.

Al respecto proponemos:

1.-Ya que la PNP es una institución pero también es un servicio público debemos diferenciar muy claramente el servicio nacional de la policía, responsable del Orden Interno del servicio local de la policía, que se encarga de combatir la inseguridad ciudadana. Este último debe de convertirse en una Policía Comunitaria, al interior de la PNP, abierta al vecindario y en permanente contacto con la población. Su éxito dependerá de lograr ganarse la confianza de ésta.

2.- La autoridad local democráticamente elegida debe ser la responsable de la política a seguir para luchar a favor de la seguridad ciudadana desde el ámbito político-social; ella debe definir las prioridades, asumir los riesgos y convocar a la voluntad colectiva de la ciudadanía para apoyar tan importante tarea. También debe controlar y supervisar el desempeño técnico-profesional de los efectivos policiales de la Comisaría de su localidad. Para el ascenso de los policías de la Comisaría deberá tomarse en cuenta la opinión de las organizaciones sociales y profesionales canalizadas por la municipalidad del lugar y enviadas a la superioridad policial.

3.- Conformar la Policía Rural, con destacamentos móviles, para garantizar la seguridad ciudadana en los cientos de distritos que no cuentan con Comisarías. Combatirán el abigeato, la violencia familiar en el campo, defensa de la niñez campesina, etc, entre otras faltas y delitos propios del ámbito rural y en coordinación con las rondas campesinas y las autoridades comunales.

4.- Interconectar y modernizar las Comisarías. Aumentar el número de efectivos y calificarlos en la atención ciudadana.

Narcotráfico y terrorismo

No es casualidad que los rezagos senderistas se hayan ubicados precisamente en las zonas donde el narcotráfico campea: el VRAE y el Alto Huallaga. La cosa queda así definida: si se eliminan a los rezagos senderistas, el narcotráfico continúa; pero si se elimina el narcotráfico, los rezagos no podrán subsistir. El problema principal a combatir es el narcotráfico.

El narcotráfico en nuestro país ya se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional. Esto solamente es posible por la magnitud alcanzada y porque la corrupción que favorece esta “industria” corroe a los campesinos “poceros”, las fuerzas de seguridad, a los jueces y fiscales, a las autoridades políticas desde el ámbito local hasta los más altos dignatarios de la nación.

Proponemos:

1.-Ganar al movimiento cocalero a una alianza con el Estado y aislarlo del narcotráfico. Mayor presupuesto e insistir en la responsabilidad compartida de los países consumidores.

2.-Mayor eficacia en el control de insumos, lavado de dinero, rutas del narcotráfico y, principalmente, de la corrupción. Desligar a las FFAA de la lucha antinarcóticos y que sirvan de apoyo a la PNP especializada en el combate a los rezagos terroristas.

3.- En las zonas productoras de coca ilegal y presencia de los rezagos senderistas, hay que centralizar la lucha antinarcóticos y por el desarrollo alternativo constituyendo la Oficina del Alto Comisionado Presidencial para la Paz y Desarrollo, con categoría ministerial, y al mando efectivo de una única estrategia global del Estado, tanto civil como policial.

Defensa Nacional

Buscamos plantear un proceso de transformación del sector Defensa en función a dos reformas internas que deben realizarse simultáneamente: una reforma política y una reforma profesional que llamaremos reforma militar.

Por reforma política del sector Defensa consideramos aquel proceso que busca institucionalizar el sector mediante el fortalecimiento del Ministerio de Defensa como el ente rector, bajo la premisa de una conducción civil de la Defensa nacional.

Por reforma militar, el establecimiento de una nueva doctrina de defensa nacional que señale nuestras prioridades de seguridad. Esta reforma debemos centrarla en afirmar el accionar conjunto y la reestructuración de las Fuerzas Armadas para hacerlas más pequeñas y darles una nueva distribución territorial.

Asimismo, fortalecer la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos del sector.

IX) DERECHOS HUMANOS Y PAZ SOCIAL

Garantizar la paz social en el país, sustentada en la profundización de la democracia y el desarrollo sostenible. Promover la erradicación de los factores que favorecen la violencia política y social y una cultura de paz sustentada en el reconocimiento del otro, el dialogo y la resolución participativa oportuna y concertada de conflictos. Afirmar el rol del estado en el respeto irrestricto y la defensa y promoción de los derechos humanos.

La violencia política que asoló el país en las últimas décadas, ha dejado secuelas que persisten hasta la actualidad profundizando las brechas estructurales, la injusticia y la exclusión, en desmedro de por lo menos dos millones de peruanos. Esta es población principalmente rural, comunera, originaria e indígena de nuestra sierra y selva. Por eso, expresamos nuestro respaldo pleno al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional.

Por otra parte, la postergación de las demandas legitimas y los derechos fundamentales y humanos de la población más pobre y excluida del país y la ausencia de una estrategia eficiente de atención y resolución ha alentado el incremento de los conflictos sociales. Este año de 2010 se han registrado 250 conflictos sociales, de los cuales 171 se encuentran activos (68%), cerca del 50% están referidos a asuntos socio ambientales, por lo menos 120 de ellos han tenido expresiones violentas, afirmándose la tendencia de la criminalización de la protesta.

Frente a esta situación proponemos:

Poner en práctica las reformas institucionales recomendadas en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional.
La investigación exhaustiva y la judicialización cuando se deba de los hechos y crímenes de violación de los derechos humanos.
La reparación integral de la totalidad de las víctimas del conflicto armado, en un periodo máximo de 6 años tal como lo establece la Ley 28592.
Crear un fondo nacional para reparaciones con recursos del tesoro público, el concurso del sector privado y la cooperación internacional, que financie la reparación de la totalidad de las victimas afectadas.
Atención y resolución oportuna, democrática y concertada de los conflictos sociales, con la participación efectiva de los actores involucrados y el diálogo permanente, en el marco de la diversidad étnico-cultural y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Consolidar una entidad altamente especializada y permanente del estado, con funciones de ente rector, normativo y ejecutivo encargada de las políticas y acciones en los ámbitos de la paz, reparación y reconciliación nacional.

X) POR UNA POLÍTICA EXTERIOR SOBERANA

La nueva política exterior será un componente fundamental para lograr la transformación del país. En ese sentido, estará al servicio de nuestro desarrollo nacional, del fortalecimiento y defensa de la democracia, de la paz, de nuestros recursos naturales y del medio ambiente, de la integración andina y regional y de una globalización solidaria. Se basará en el respeto a los tratados internacionales, en la defensa de nuestra integridad territorial, en el pluralismo político, económico e ideológico, en la no injerencia y en el respeto mutuo y en un activo multilateralismo que ponga fin al actual unilateralismo en el sistema internacional.

La política exterior con nuestros vecinos se basará en la profundización de la integración fortaleciendo para ello la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Asimismo apoyaremos activamente la Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR), avanzando en la configuración de un proyecto político propio en el espacio sudamericano. Nuestras relaciones con Brasil se basarán en una activa cooperación económica y política, de beneficio mutuo, en el comercio justo y en la defensa y protección del medio ambiente.

Nuestras relaciones con EEUU y con otros países desarrollados se basarán en el respeto a nuestra independencia y soberanía, en la reducción de las actuales asimetrías económicas, en un comercio justo, en la defensa del medio ambiente y de nuestra biodiversidad, en una política de seguridad que parta de la corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nuestra política de seguridad democrática se basará en la Carta Democrática Interamericana, en el respeto y fortalecimiento de la Comisión y de la Corte Interamericana de DDHH, de la Corte Penal Internacional y en el respeto a tratados internacionales de defensa de los DDHH.

Impulsaremos conjuntamente con otras naciones, una globalización solidaria para que sus beneficios se distribuyan de una manera equitativa reconociendo el derecho al desarrollo de las naciones y pueblos. Renegociaremos, por ello, todos los tratados de libre comercio lesivos a nuestra soberanía nacional.

Impulsaremos una nueva política frente a los casi tres millones de peruanos en el exterior, que aportan el 2% del PBI con sus remesas, reforzando las políticas consulares y promoviendo la protección y el apoyo a sus comunidades. Dado que ellas forman parte de la nación y del Estado peruanos, propondremos una representación parlamentaria de estos sectores y su integración al desarrollo nacional.

Finalmente, apoyamos el fin del bloqueo económico a Cuba, la creación del Estado Palestino, la independencia del pueblo Saharahui, el derecho de Argentina a las islas Malvinas y el regreso de la democracia en Honduras.

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